Hoy se ha aprobado por el Congreso de los Diputados la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Dicha ley se publicará en el BOE, por orden y mandato del Rey de España, Juan Carlos I, quien mandará a todos los españoles cumplir con la misma.
Se ha hablado mucho sobre el hecho de que aquellos diputados que hayan votado a favor de lo que en definitiva es la legalización del aborto libre en España, deben ser excomulgados, apartados de la Iglesia Católica o considerados como “públicos pecadores”, circunstancia ésta que les impediría tomar la Sagrada Comunión.
Pero nada se ha dicho a propósito de la situación en la que se coloca aquella persona, desdela más alta representación del Estado, que ordena a todos los españoles que cumplan con una ley inmoral, injusta y que contraviene no sólo los preceptos de la Iglesia, sino los más elementales principios del Derecho Natural y que ni siquiera reconoce el derecho a la objeción de conciencia de todos y cada uno de los profesionales y empleados de la sanidad pública, quienes, en su mayoría han mostrado su disconformidad con la misma.
Como no espero otra cosa que la sanción Real de esta inmoralidad, y una vez que se consume, le pido a Su Santidad, a los altos Dignatarios de la Iglesia Católica, a los Cardenales y a los Obispos, a los Religiosos y Religiosas, a los Curas y a los Párrocos, que no sólo se les niegue la Comunión a aquellos que han votado, o que muestren públicamente su conformidad con la aprobación de la ley, o incluso que faciliten su aplicación y desarrollo, así como también, y por supuesto, a aquellos que la usen para abortar, sino que con mayor razón hay que negarle la comunión, y cualesquiera otros privilegios o consideraciones que, por razón de su cargo tenga, al Rey de España, Jefe del Estado, quien no ha tenido la valentía suficiente, faltando una vez más a sus juramentos y como depositario de una Tradición y vinculación de la Monarquía Española a la Santa Fe, como para negarse a suscribir tan inmoral texto legal, y a mayor abundamiento, ordenar su publicación y cumplimiento por parte de los españoles.
La posición pública que ocupa el Jefe del Estado, Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, en el presente caso, le harán acreedor de un especial reproche moral, siendo merecedor, por tanto, de un mayor castigo o penitencia, pues mayor es la gravedad de su acto que la de un simple voto o manifestación pública de cualquier otra persona.
Difícilmente se puede compatibilizar su posición y actuación, desde mi punto de vista cobarde e inmoral, con el desempeño u ostentación de algunos de los títulos que posee, como por ejemplo el de Rey de Jerusalén y miembro o Maestre de Órdenes secularmente vinculadas a la Iglesia Católica, por lo que por parte del Papa, y no de forma puramente simbólica, considero que debería no sólo relegársele a la calificación, posición, estado o situación de “público pecador”, sino que debería procederse a retirarle cualesquiera consideraciones, privilegios, títulos u honores de carácter Católico, inherentes al título de Rey de España.
El Rey de España juró el día 22 de noviembre de 1.975. Y en ese juramento, cuando accedió a la Jefatura del Estado como sucesor del General Franco, se comprometió a ser fiel a unos principios. Ya ha perjurado en varias ocasiones. Esta sería una buena oportunidad para recuperar su dignidad, negándose a suscribir tan infame disposición legal, y al mismo tiempo reconciliarse con gran parte de la sociedad española harta ya de sus frivolidades, conveniencias e insustancialidades.
Si no lo hace, que no lo hará, a buen seguro que Dios se lo demandará.
