Los Historiadores comunistas y socialistas que hoy copan, para perjuicio de la historiografía y desgracia de sus alumnos, las Cátedras de las Facultades, tienden con especial empeño a la hora de analizar los antecedentes y las causas del Alzamiento del 18 de Julio de 1.936, a no indagar ni remontarse a los orígenes del convulso período que podríamos decir, haciendo un esfuerzo simplificador, que se inició en 1.931, por no datarlo mucho antes, con la celebración de las elecciones municipales y la huida de España del Rey Alfonso XIII.
Y de muestra sirve un botón. Santos Juliá, socialista empedernido, considera que “basta pensar que si un grupo de conspiradores militares hubiera mantenido la fidelidad al juramento de lealtad a la República que pronunciaron en su día, nunca habría comenzado una guerra entre españoles; habrían ocurrido otras cosas, pero no una guerra. No hay por tanto que ir mucho más allá de la insurrección militar de mediados de Julio de 1.936 para comenzar a entender la catástrofe que a partir de esa fecha se abatió sobre los españoles”.
Lo anteriormente afirmado por Santos Juliá, a parte de ser un disparate desde el punto de vista del método del estudio histórico, impropio de un profesor universitario, que a buen seguro sus alumnos habrán podido apreciar a no ser que con sus encantadoras tesis los haya narcotizado ideológicamente, pone claramente de manifiesto la falta de rigurosidad a la hora de estudiar o analizar el suceso histórico, muy propia de la intelectualidad de izquierda.
A parte de lo anterior, la afirmación de Santos Juliá es tan reveladora como tendenciosa, pone de manifiesto su falta de método y anticipa lo parcial de su planteamiento. Es tendenciosa porque pretende no sacar a la luz de la historia toda una serie de acontecimientos de especial relevancia entre los que podríamos citar el advenimiento (ilegal) de la República laicista, la persecución religiosa e ideológica, la revolución de octubre de 1.934 y la primavera trágica de 1.936 que culminó con el asesinato de Calvo Sotelo por los socialistas, detonante éste de la Guerra Civil.
Pero es especialmente grave la afirmación del historiador socialista cuando viene a decir que de no haberse producido la insurrección militar hubiesen pasado en España “otras cosas”, pero no una guerra.
Pero Santos Juliá omite qué otro tipo de cosas hubiesen pasado, pero yo se las voy a señalar.
La situación en la primavera de 1.936 tras la victoria (fraudulenta) de los partidos que integraron el Frente Popular no era otra que la persecución y el exterminio del adversario político. El alzamiento del 18 de julio, que no fue exclusivamente militar, sino "cívico-militar", supuso el levantamiento y la rebelión de aquella "media España que no se resignaba a morir en manos de la otra media", en palabras de Gil Robles, por lo que aunque sólo fuese por esta razón estaba más que plenamente justificado dicho movimiento insurreccional.
Para Santos Juliá la persecución religiosa, el asesinato y los 2.225 muertos que según Stanley G. Payne se produjeron por violencia política desde abril de 1.931 al 17 de julio de 1.936, no son referentes importantes para determinar o analizar e indagar en las causas del conflicto. Resulta tan disparatado como impresentable.
La guerra civil española no puede considerarse como un hecho aislado, sin antecedentes ni contexto. Un estudio que pretenda ser medianamente serio sobre la misma tiene que profundizar en sus causas, sus precedentes y, sobre todo, en aquellos acontecimientos y hechos de importante relevancia histórica que se produjeron y que fueron causa directa del trágico desenlace.
Es falaz la consideración de la Segunda República española como un régimen impecablemente democrático.
Ni siquiera el advenimiento de la misma tuvo legitimación constitucional ni legitimidad democrática alguna, ya que en absoluto se planteó en las elecciones (municipales) que se celebraron el 12 de Abril de 1.931 el dirimir ni la forma de Gobierno, ni la orientación del mismo y ni muchísimo menos un cambio de modelo de Estado.
La instauración del régimen republicano fue, pues, absolutamente ilegal, expresión ésta que si bien puede sorprender puede ser debidamente documentada y es significativa la afirmación de D. Miguel Maura Gamazo, Ministro de la Gobernación de la República, que afirmó que "les regalaron el poder" .
Pero no sólo fue antidemocrático e ilegal el advenimiento de la República, sino su propio comportamiento: Persecución religiosa e ideológica, radicalización extrema de los partidos republicanos (principalmente los socialistas y comunistas), graves desórdenes públicos y una absoluta y sistemática falta de respeto a los resultados electorales que se produjeron en sucesivos comicios.
La República “aterrizó” como régimen político en España, pues, de forma ilegal, ante la pasividad y apatía de los monárquicos y ante la cobardía y deslealtad del pusilánime monarca Don Alfonso XIII, quien arropándose en la famosa frase “ya no tengo el amor de mi pueblo” huyó de España, abandonando a los españoles a su suerte, sobre todo a aquellos que votaron a los partidos monárquicos en amplias zonas de la España rural, para pasar a disfrutar un cómodo “exilio” que algunos han pretendido mostrar como un camino o "vía crucis" de sufrimientos y añoranzas.
Los hechos sucedieron de la siguiente forma: Con fecha 12 de abril de 1.931 se celebraron, previa convocatoria realizada por el gobierno de Berenguer, unas elecciones municipales en las que de lo que se trataba era de elegir concejales y, por tanto, alcaldes en los municipios de España.
En dichas elecciones no se solicitaba la opinión de los Españoles a propósito de elegir la forma del Estado, ni tampoco se trataba de decidir si la Jefatura del mismo habría de ejercerla un Rey o un Presidente de la República y ni mucho menos se solicitaba el voto de los Españoles con la finalidad de ratificar o no la actuación de un monarca.
Los candidatos republicanos ganaron en las grandes ciudades, pero realmente el triunfo fue de los candidatos monárquicos. Fueron elegidos 22.150 candidatos monárquicos y 5.875 candidatos republicanos; de un total de 28.025 ediles electos, sólo eran republicanos uno de cada cinco: el 20,9%.
En definitiva, que la forma de gobierno republicana había sido rechazada por los españoles por un 79,1% de los votantes, independientemente de que, como hemos manifestado anteriormente, no fue el motivo de la consulta electoral el decidir un régimen u otro.
El Rey Alfonso XIII consideró que no contaba con el apoyo del pueblo y decidió huir de forma ignominiosa de España, abandonando sus obligaciones y a los españoles y sobre todo a aquellos que le habían mostrado su apoyo y adhesión. Le resultó mucho más cómodo retirarse a un cómodo exilio y dedicarse a lo que realmente le gustaba, dedicarse a los negocios, cazar y divertirse, incluso sin la compañía de su mujer.
Hoy día se tiende a justificar el comportamiento del Rey de forma absolutamente cortesana, pues nada hay más difícil de sostener que la indignidad de una persona que con su pusilánime comportamiento echó al traste no sólo con las esperanzas e ilusiones de gran parte del pueblo, sino que incluso su deserción sumió a España en una desestructuración y desvertebración que la abocaron al desorden y al enfrentamiento civil.
